El asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia se produjo el 8 de enero de 2023, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro —denominados por la prensa y autoridades como «terroristas» y «criminales»— irrumpieron en la sede del Congreso, como protesta por la victoria de Lula da Silva en las elecciones generales de 2022. Veneziano Vital do Rêgo, presidente en funciones del Senado Federal, confirmó que los manifestantes irrumpieron en el Salón Verde de la Cámara de Diputados e intentaron invadir el Palacio de Planalto.
Antecedentes
Durante las elecciones generales de Brasil de 2022, donde postulaban Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva como principales candidatos presidenciales, se informaron varios incidentes por parte de adherentes de Bolsonaro, incluida la violencia política, utilizada como una forma de intimidar a los votantes. Después de que Lula fue declarado ganador en esas elecciones, cientos de partidarios de Bolsonaro bloquearon carreteras y acamparon frente a algunos cuarteles militares brasileños pidiendo un golpe de Estado para evitar que Lula asumiera el cargo de presidente el 1 de enero de 2023.
Las protestas de los camioneros perdieron fuerza el 3 de noviembre de 2022, pero los simpatizantes de Bolsonaro comenzaron a concentrarse a las cercanías de las instalaciones de las Fuerzas Armadas brasileñas. Las principales manifestaciones se registraron en la ciudades de São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Florianópolis, Recife y Salvador de Bahía. Algunos simpatizantes de Bolsonaro pidieron un golpe de Estado.
Tras la victoria electoral de Lula en las elecciones generales de 2022 se empezaron a reportar varios episodios de violencia en ciudades importantes de Brasil el 12 de diciembre. El 23 de diciembre se incendiaron varios vehículos después de que uno de los manifestantes fuera arrestado por incitar a la violencia para impedir la toma de posesión de Lula. Un seguidor de Bolsonaro declaró haber sido alentado por el expresidente para provocar un atentado en el aeropuerto de Brasil.
Desde diversos medios brasileños e internacionales se han señalado múltiples similitudes entre el intento de golpe de Estado en Brasilia y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos de 2021, subrayando las líneas comunes de una ultraderecha internacional nacional conservadora y populista que tiene como pautas de actuación la negación de los resultados electorales y el recurso a la violencia para desafiar regímenes políticos democráticamente asentados.
Planificación
Los informes sobre la planificación del ataque ya circulaban en la primera semana de 2023, con audios filtrados de varios grupos de WhatsApp y Telegram. El material obtenido expuso la intención de la organización de los hechos de provocar acciones violentas por parte de la multitud, eludiendo la actuación policial. Varios grupos y comunidades de todo el país organizaron servicios de transporte en autobús a Brasilia para participar en las manifestaciones.
Miembros del gobierno federal encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva conocían los planes de los alborotadores, pero el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, les aseguró que la situación estaba bajo control. Sin embargo, Rocha cambió los planes para la presencia de seguridad acordada el 7 de enero de 2023, como resultado de lo cual solo había un pequeño contingente de seguridad presente cuando comenzó la invasión. Funcionarios anónimos del gobierno le dijeron a The Washington Post que el costo de los autobuses que transportaban a los partidarios de Bolsonaro a Brasilia fue cubierto por donantes de diez estados, incluyendo empresarios del sector agroindustrial.
Eventos
En la mañana del 7 de enero, más de 100 autobuses de todas partes de Brasil llegaron a Brasilia trayendo simpatizantes de Bolsonaro. Se unieron a las 200 personas que ya estaban acampadas frente al Cuartel General del Ejército, elevando el número total a más de 4000 personas.
En la tarde del 8 de enero, los manifestantes marcharon desde el Cuartel General del Ejército, donde algunos de ellos habían estado acampados durante semanas en el curso de las protestas, exigiendo un golpe de Estado de los militares. El gobierno de Lula intentó desalojar estos campamentos, cuando no fue posible ordenó reforzar la seguridad. El ministro de Justicia también reiteró esa semana que los campamentos serían desmantelados. Los manifestantes rompieron las barreras policiales y armados con palos se enfrentaron a la policía, que les disparó gases lacrimógenos. Los manifestantes intentaron entrar en el Palácio do Planalto, sede del poder ejecutivo y del Supremo Tribunal Federal. Soldados del Ejército brasileño respondieron. Dos helicópteros trataron de dispersar a la multitud.
En el momento de los disturbios, tanto Lula da Silva como Bolsonaro no estaban en Brasilia; Lula estaba en Araraquara, São Paulo, mientras que Bolsonaro estaba en Orlando, Florida, Estados Unidos.
A las 18:00 BRT (UTC−03:00), el presidente brasileño Luiz Inácio «Lula» da Silva anunció que había firmado un decreto autorizando una intervención federal en Brasilia, que continuará hasta el 31 de enero de 2023. Lula aplicó el artículo 34, inciso III de la Constitución Federal, que faculta al gobierno para poner fin a graves alteraciones del orden público.28Ricardo García Cappelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, fue designado como interventor,relevando al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de la facultad de velar por la seguridad en el distrito.
A las 19:00 BRT, más de 150 personas habían sido arrestadas por las fuerzas de seguridad, al menos 30 de ellas en delitos flagrantes en el Senado Federal. El ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció posteriormente en conferencia de prensa que aproximadamente 200 personas fueron detenidas en flagrancia y que aún se siguen realizando nuevas detenciones; según Dino, varios autobuses que se dirigían a Brasilia, así como a sus financiadores, habían sido investigados e identificados. El gobernador Ibaneis Rocha, en una publicación en una red social, afirmó que más de 400 personas habían sido detenidas.
Varias horas después de iniciado el ataque, la Policía Militar del Distrito Federal anunció que había iniciado el desalojo de las edificaciones. Las fuerzas de seguridad lograron retomar el Congreso Nacional por la tarde tras lanzar un operativo de seguridad en el que utilizaron gases lacrimógenos y porras. A las 17:00 BRT, las fuerzas de seguridad habían recuperado el control del edificio de la Corte Suprema, aunque algunos alborotadores permanecieron acampados en su estacionamiento.El ejército brasileño llegó en camiones militares a última hora de la tarde y tendió una emboscada a los intrusos en el palacio presidencial por la puerta trasera. Los alborotadores abandonaron el edificio a las 18:30 BRT, y algunos fueron escoltados por la policía.39 El ministro de Justicia Flávio Dino anunció a las 21:00 BRT que los tres edificios habían sido despejados.
Daños
Durante el ataque, el vandalismo fue generalizado. Varios espacios importantes en los tres edificios asaltados fueron ampliamente destrozados y saqueados, incluido el Salón Noble y el Pleno de la Corte Suprema Federal, los Salones Verde, Azul y Negro y el vestíbulo del Congreso, y el Salón Noble y la Sala de la oficina de la primera dama en el Palacio de Planalto. Muchos otros espacios, como pasillos, ventanas, habitaciones y oficinas, también fueron objeto de vandalismo, dañando una gran cantidad de muebles, equipos y otros objetos. Varios espacios resultaron completamente destruidos. Según un funcionario, los invasores destruyeron hidrantes de incendio, en un intento de impedir el combate a los incendios que existían en varios puntos de la invasión. Las oficinas del Partido de los Trabajadores y del Partido de la Social Democracia Brasileña en el edificio del Congreso también fueron invadidas y destrozadas por la turba.45Los alborotadores orinaron y defecaron en las áreas de prensa del edificio del Congreso.
Diversas obras de arte como pinturas, sillas, mesas, etc., fueron dañadas o robadas durante el ataque, incluyendo piezas famosas como el escudo de armas de la República y una copia original de la Constitución de 1988. Armas, municiones y documentos del Gabinete de Seguridad Institucional también fueron robados por los manifestantes. En entrevista con CNN Brasil, el senador Randolfe Rodrigues dijo que encontraron cinco granadas abandonadas durante las invasiones, tres de las cuales quedaron en el Supremo Tribunal Federal y dos en el Congreso Nacional.
Obras y objetos robados o dañados
En la invasión, además de muebles y objetos de la sede de los poderes brasileños, fueron dañadas obras de arte, entre ellas el cuadro As Mulatas, de Di Cavalcanti y un vitral de Marianne Peretti en el Congreso Nacional. Entre las obras y objetos sustraídos o dañados se encuentran:
– A Justiça, escultura de Alfredo Ceschiatti, creada en 1961
– Colección del Gran Salón del Supremo Tribunal Federal
– Araguaia, vitral de Marianne Peretti realizado en 1977, que se encuentra en la sala verde de la Cámara de Diputados
– Armas, municiones y documentos de la Oficina de Seguridad Institucional, que se encontraban en el Palacio del Planalto
– As Mulatas, panel pintado en 1962 por Di Cavalcanti
– Bailarina, escultura de Victor Brecheret
– Escudo de armas de la República, que estaba ubicado en el pleno del STF
– La silla de la presidenta Rosa Weber, obra del diseñador Jorge Zalszupin
– Crucifijo del Supremo Tribunal Federal
– Equipos electrónicos, incluidos televisores, computadoras e impresoras
– Galería de fotos de los Presidentes de la República, en el Palacio del Planalto
– Mesas, puertas y sillas varias, incluida la puerta del armario de togas del STF
– Reloj regalado a Juan VI en el siglo xix, que estaba expuesto en el Palacio del Planalto
– Réplica del original de la Constitución Federal de 1988
– Jarrones chinos
– Ventanas de los edificios de la Plaza de los Tres Poderes, catalogados en 2007 por el Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Según un funcionario, los invasores destruyeron bocas de incendio en un intento de impedir el combate a las llamas que existían en varios puntos de la invasión.
Respuesta
En una rueda de prensa desde Araraquara, el presidente Lula da Silva decretó la intervención federal en el Distrito Federal hasta el 21 de enero de 2023.
Tras el desalojo de los edificios públicos la Policía Civil reporto la detención de unas 300 personas, aunque el ministro de Justicia situó la cifra en algo más de 200. A lo largo del 9 de enero desalojaron los campamentos donde estaban instalados los partidarios de Bolsonaro arrestando a unas 1200 personas más.
Ese mismo 9 de enero, los titulares de los tres poderes del Estado brasileño —el propio presidente Lula, la presidenta de la Corte Suprema Rosa Weber y los presidentes del Congreso— firmaban una carta conjunta en la que condenaban los hechos, calificándolos de actos terroristas, y apelaban a «mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia».
El juez y ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que decretó la suspensión del gobernador del Distrito Federal de Brasilia y el desalojo de grupos de bolsonaristas de todos los espacios públicos del país (incluidas las autovías), también calificó en su orden judicial a dichos asentamientos de «campamentos de terroristas».
